Millones de kilos de papas están "escondidos" para que los distribuidores suban los precios. ¿Por qué el Gobierno de Canarias no actúa contra estas mafias?
Es notorio y conocido lo mucho que gusta el sistema de enfrentar a unos actores sociales con otros, y escurrir así hábilmente su responsabilidad y la de los que nos gobiernan.
DE MI CUADERNO DE BITÁCORA
Mi labor como diputado me obliga a preocuparme por toda la realidad del sector primario, no en vano soy portavoz de mi grupo en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento canario.
El dinero y otros depósitos o bienes muebles, ingresados en cualquier entidad financiera (Cajas, bancos, sociedades o agencias de valores, entidades de crédito, saldos en cuentas corrientes, libretas de ahorro); así como cualesquiera otros tipos de ahorros financieros, con los cuales no se haya efectuado ningún tipo de gestión por parte de los titulares o interesados, en un plazo de veinte años, pasaran a formar parte del patrimonio de la Administración General del Estado; todo ello, de acuerdo a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOENÚM.: 264, de 04 de noviembre de 2003); concretamente, establece su artículo 18, el cual seguidamente extractamos [1]:
EL BAR DE PEPE
Todo apunta en esa dirección.
En estos tiempos que nos toca vivir, se acentúa la necesidad de empezar a definir una alternativa que ayude a compensar las terribles consecuencias de esta pandemia y nos permita ir configurando el nuevo futuro.
EL BAR DE PEPE
EL RINCÓN DEL BONZO
Desde hace mucho tiempo Canarias, su economía y su sociedad vienen padeciendo una serie de enfermedades que se manifiestan en unos síntomas claros:
EL RINCÓN DEL BONZO
1.ANTECEDENTES
Francisco Déniz ha defendido “luchar contra la competencia desleal de papas de fuera” y “recuperar hectáreas” para la producción local.
Especialmente tras las reiteradas condenas judiciales que desde hace unos años acá, haciéndose eco de la jurisprudencia europea, han venido imponiendo a la banca española la obligación de eliminar las cláusulas suelo de los contratos de préstamos con garantía hipotecaria, y la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente percibidas por tal concepto junto a los intereses aplicables; asimismo, la justicia volvería a fallar obligando a la devolución de los gastos de constitución hipotecaria.