Medio Ambiente

EL RINCÓN DEL BONZO

El Consejo de Europa, con el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000, marcó un antes y un después en la concepción del Paisaje.

Con fecha 17 de noviembre de  2017, el Tribunal Constitucional ha emitido, mediante nota informativa Nº 92/2017, la admisión a trámite del Recurso de Inconstitucionalidad, presentado por el Grupo Parlamentario PODEMOS, contra la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias; extractando el siguiente párrafo: "El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra varios preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias." [1]

Cabría imaginar que soy un indeseable y al que no le importa que árboles y cultivos mueran o las personas y los animales sufran, pero quien pierda un minuto en conocer mis motivos los entenderá y los compartirá.

Tres hechos especialmente relevantes y preocupantes han propiciado que durante este mes de agosto hayamos fijado la mirada en nuestro mar en una dimensión más amplia que la del disfrute veraniego. Sin duda nos han hecho más conscientes de su fragilidad y su importancia para nuestra supervivencia. De cómo depende del océano que nos baña la economía, la salud, la biodiversidad, nuestro futuro…   

Los empresarios patrocinadores de nuestra joven democracia -y también de nuestra anterior dictadura- exigieron el derecho de pernada impositivo y los de Coalición Canaria, que eran bionacionalistas, les crearon la RIC a su imagen y semejanza.

Para bien o para mal, estamos sufriendo una fuerte crisis en plena época estival que no solo va a dañar la imagen de Canarias frente al turismo playero, sino que además evidencia la incompetencia de gobernabilidad que hay en el Archipiélago.

EL RINCÓN DEL BONZO

Quizá haya que separar ambos conceptos. A ello se entregan con denuedo cuantos políticos aparecen en el ruedo del sensacionalismo para apoyarse en el incuestionable testimonio de especialistas, investigadores y catedráticos de prestigio contrastado para hablar de las microalgas, o cianobacterias que, al parecer, forman parte de la naturaleza y esporádicamente aparecen en plan invasivo para incordiar a los humanos.

Oigo por la radio a técnicos gubernamentales quitarle importancia al asunto de las aguas contaminadas de las playas tinerfeñas.

Pues no eran micro-algas de color verde-amarillo: son cyanobacterias las que están poniendo colorido a nuestras costas.

Qué grado de degeneración habrán sufrido las Instituciones  del Archipiélago, para que hoy   --35 años desde  la aprobación del Estatuto de Autonomía--  la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores  se permita calificar de “paseíllo parlamentario” al procedimiento legislativo para la aprobación de la futura Ley Canaria del Suelo.

Sólo desde la absoluta ignorancia y  desde el desprecio al Estado democrático de Derecho y al Parlamento de Canarias, “órgano representativo del pueblo canario” del que “emanan los poderes” de sus instituciones democráticas (artículos 1 párrafo 2, y 9.1 del Estatuto de Autonomía)  puede permitirse un ramo  del poder económico de estas Islas, por influyente que sea,  utilizar con la mayor naturalidad expresiones propias del neofascismo emergente en la hora actual de los muy civilizados países occidentales.

Corría el año 1929, preludio de dos décadas dantescas, cuando Herman Heller publicó el artículo ¿Estado de Derecho o Dictadura?  en el que reseñaba cómo para algunos profesores alemanes de Teoría del Estado   --precursores del advenimiento del nazismo--  calificaban de moderna forma de Estado a la dictadura y de anticuado clisé constitucional al Estado de Derecho. Me vino inevitablemente a la memoria al leer, indignado, el comunicado de la AECP.

¿Qué ambiente respecto a las Instituciones representativas, qué concepto sobre la figura y  el papel del presidente del gobierno se habrán ido gestando en ciertos ámbitos empresariales   para que los constructores y promotores  le dicten al Parlamento  que el Proyecto de Ley del Suelo se convierta en Ley de acuerdo con el texto inicial  con mero ajustes técnicos y “no sustanciales”? ¿Para permitirse hablar en nombre del interés general y tachar a los grupos parlamentarios de “cortoplacistas endémicos”?

En el Estado de Derecho el procedimiento legislativo es el procedimiento más importante y el que debe estar revestido de las mayores garantías de respeto al principio de contradicción y, por tanto, al pluralismo político. Precisamente porque su objeto es identificar el interés general y convertirlo en Ley, en norma jurídica cuya autoridad  se impone sobre Gobierno y la Administración y sobre el poder Judicial, dado que los jueces y magistrados están “únicamente sometidos al imperio de la Ley”, según la Constitución Española.

Estoy convencido de que los representantes de los constructores y promotores no se habrían atrevido a expresar, ni de lejos,  tanto  desprecio al Parlamento y a las Instituciones democráticas en los primeros tiempos de la autonomía. Ni se habrían atrevido  a tratar como tratan a Clavijo y a su gobierno a ninguno de los anteriores presidentes autonómicos, de Jerónimo a Paulino.

Si algunos personajes poderosos, a la escala de estas Islas asirocadas,  están tan envalentonados  para despacharse así es porque les han hecho creer que las Instituciones son su coto privado de caza, las Leyes canarias la simple elevación de sus intereses al rango de norma obligatoria para todos  y que el presidente del gobierno es un homecillo  a su  servicio de ellos.

En mi  opinión, estas cosas sólo ocurren cuando un Régimen político, el establecido en Canarias desde la Moción de Censura de 1993 (traición fundacional de Coalición Canaria), está en decadencia y así lo perciben los poderosos.

Clavijo se ha ganado a pulso ese desprecio. Lo malo es que  al mismo tiempo que le han perdido el respeto a él, se lo han perdido a las Instituciones, a la democracia y a todos nosotros. La forma de designar a los consejeros de Economía y Sanidad son un test  de situación inapelable.

El desvalimiento de los intereses generales de los canarios,  la degradación de los servicios públicos y las políticas sociales, la perpetuidad de unas normas electorales que minan la legitimidad democrática del Parlamento e impiden la alternancia política, que es consustancial a la democracia, el restablecimiento de todas las modalidades de censura para dificultar la formación de una opinión pública libre dibujan un panorama que la sociedad canaria no debe tolerar ni un minuto más.

Por eso  es un deber inaplazable de quienes nos sentimos canarios y demócratas poner manos a la obra para reconstruir una democracia y una autonomía que merezcan esos nombres, antes de que este Régimen ocasiones daños irreversibles al presente y al futuro de Canarias, es decir a los canarios y a las canarias.

Santiago Pérez, 18 de marzo de 2017

Muchas personas de todas las clases sociales del Archipiélago hemos aunado nuestros esfuerzos para intentar parar la nefasta Ley del Suelo de Canarias que promovida por CC, a instancias de los principales empresarios de las Islas, se tramita actualmente en el Parlamento Autonómico. A través de esta Ley, los sectores dominantes demandan la mercantilización del  territorio, pues conciben las Islas como un solar para negociar, especular y enriquecerse cada vez más, a costa de la destrucción de la tierra que es patrimonio común  de todos los canarios y canarias.

La primera vez que tomé conciencia de un terremoto fue el de Agadir, un pueblo costero a trescientos kilómetros de Marrakech. Ocurrió en el año 1960 del siglo pasado. Hubo más de diez mil muertos y desde lugares lejanos enviaron ayudas sanitarias, alimentos… Realizaron tareas de desescombro, enterraron muertos, buscaron partículas de vida.

Me impresionó aquel escenario de desolación, olor a muerte y destrucción. Millares de seres sepultados bajo piedras y piedras, tragados por las ruinas, entre el rumor infernal de buitres y operarios, que sorprendidos al encontrar a una niña después de ocho días, gritaban:

 -¡Está viva, está viva!

Lo recuerdo como una vieja película en blanco y negro, aunque por desgracia después del terremoto de Agadir, han seguido más de un centenar de extrema dureza: el de Valdivia y Chile el mismo año, una década después Perú sufre una sacudida, se lleva sesenta mil almas. Managua, Guatemala, Pekín, El Salvador, India, Japón, Turquía. En el siglo XXI, de nuevo Irán, Pakistán, China Haití, Chile…Y ahora, sometidos al capricho de los dioses, la Tierra se ensaña en las zonas montañosas de Italia con cuatro terremotos y un alud de nieve sepulta un hotel con seres humanos.

No puedo entenderlo, siempre he pensado que el planeta Tierra es el lugar más seguro, que el peligro está en el cielo que, hostil nos envía huracanes, tifones, rayos, truenos, tornados… Quizás estoy influenciada por el Antiguo Testamento cuando por culpa de nuestros pecados, de la maldad humana, nos penaban reduciéndonos a la nada con granizos, plagas de langostas, fuegos...

Estaba equivocada en la Tierra tampoco estamos a salvo, porque ella igual que en una guerra psicológica librada por la naturaleza, usa su poder destructivo al modo de la película “El fin de los tiempos” (2008), basada en la crisis ambiental y escrita y dirigida por M. Night Shyamalan en la que árboles y plantas dejan de actuar como “pulmones” y comienzan a “envenenar” a la sociedad, a amenazar las actividades humanas, el equilibrio natural de la Tierra.

Y a pesar de todo algunos científicos y políticos siguen sin creer en el cambio climático, hasta el poderoso Donald Trump, ha dicho que el calentamiento global es un cuento chino. Menos mal que 195 países si llegaron a un acuerdo en la Cumbre de París para reivindicar un compromiso y enmendar el calentamiento global, ese impacto que comenzó hace casi doscientos años con la revolución industrial.
Un cambio climático que ha puesto en vilo las costas, los mares con la contaminación del petróleo, los bosques, las montañas, los campos con fertilizantes y pesticidas, el agua potable, el Ártico que se derrite... En resumidas cuentas, el planeta se desmorona, por lo que necesitamos la complicidad de todos nosotros, de las organizaciones que, protegen el medio ambiente, de las nuevas generaciones que conscientes, han convertido la ecología en una religión por la naturaleza, han conseguido infundirnos la esperanza de poder vivir a salvo en la Tierra. ¡Ojalá lo consigan!  

Foto, terremoto de Agadir, el pasado siglo.

Blog-rosariovalcarcel.blogspot.com

Los megaproyectos petroleros vuelven a despachar la vida de los pueblos más vulnerables. La administración Trump ha retado a las comunidades nativas Sioux con la rehabilitación de dos oleoductos vetados por el anterior mandatario estadounidense, Barack Obama.

“A partir de ahora vamos a empezar a hacer oleoductos”, declaró el actual presidente estadounidense, Donald Trump, después de autorizar por decreto ejecutivo la construcción de dos conductos en el norte del país. Tras las victorias alcanzadas en 2015 y 2016 contra los proyectos de transporte de crudo Keystone XL (KXL) y Dakota Access Pipeline (DAPL), el nuevo mandatario ha decidido revivirlos en medio de una oleada de protestas civiles lideradas por movimientos ambientalistas y comunidades tribales amenazadas.

En recientes publicaciones, el líder indígena, David Archambault II, testificaba: “Nos oponemos a los proyectos peligrosos, como DAPL, que ignoran nuestros derechos y ponen en peligro nuestro agua”. La infraestructura desafía el caudal del río Missouri, que es afluente más largo de Norteamérica y fuente de agua potable para millones de personas en Estados Unidos. A sus orillas han vivido los Sioux desde tiempos inmemorables y su sustento depende de la salubridad del agua.

Bajo consignas como “water is life”, miles de activistas y simpatizantes del movimiento se han congregado en torno a dos campamentos surgidos en la reserva india de Standing Rock, Dakota del Norte, la misma región donde planean transitar las tuberías. Los propósitos petroleros del Keystone XL esperan transportar alrededor de 830.000 barriles diarios de crudo procedentes de las arenas bituminosas canadienses hasta las refinerías estadounidenses del golfo de México. En ese viaje, atravesarán el estado de Dakota del Norte. Asimismo, el Dakota Access pretende llevar unos 570.000 barriles al día desde Dakota a Illinois y Texas.

Los combustibles que se obtienen de las arenas bituminosas son altamente contaminantes; emitiendo más gases de efecto invernadero que los generados a partir de hidrocarburos convencionales. Su extracción produce graves desórdenes en el medio en el que se encuentran ya que, se hallan cerca de la superficie: explotándose mediante minería a cielo abierto, ocasionando problemas de contaminación de suelos y aguas.

La tribu Sioux de Standing Rock ve amenazada sus tierras atávicas. Las obras destruirán yacimientos arqueológicos de sus antepasados, así como, lugares ceremoniales y de culto sagrados para su pueblo. El pasado mes de septiembre, las excavadoras arrasaron con un cementerio ancestral a pesar de la intervención de los nativos americanos.

Con estas nuevas medidas, el presente gobierno de los Estados Unidos pretende ampliar la infraestructura de la industria de los combustibles fósiles en el país. Actos que afianzan su postura negacionista del cambio climático.

A estas alturas darle la espalda a las energías renovables resulta ridículo. Ignorar a la comunidad científica que nos ha demostrado más de una vez las evidencias sobre la existencia del cambio climático es aún más anómalo; y practicar una política monóloga exenta de diálogo: se rinde intolerante.

Los protectores del agua seguiremos resistiendo, hemos llegado bastante lejos como para rendirnos ante los últimos sucesos. Estamos muy cerca de sentar un precedente de cara a los próximos años de legislatura. En esta lucha, no solo nos jugamos Standing Rock, sino el futuro de las influencias civiles sobre las políticas medioambientales de Donald Trump y compañía.

Azarug Justel
Activista por el clima

Clavijo y sus asesores de cabecera están llevando al límite  la discrecionalidad  de los gobernantes.  Y,  a efectos prácticos, ensanchando  el campo propicio para todo tipo de arbitrariedades

A veces pienso qué habría ocurrido si un gobierno de izquierdas en la Comunidad Autónoma  se hubiera atrevido a meter en cualquier Ley algo parecido a los Proyectos de Interés Singular, novedad estrella del la Ley del Suelo que se está tramitando. Pues, con toda seguridad, que algún jurista habría advertido a la oposición del peligro que se cierne sobre el derecho de propiedad, que es un derecho constitucional.

Y, rápidamente, la oposición conservadora habría clamado: "le van a quitar las tierras" a la gente.

Pues esa va a ser una de las graves consecuencias de los Proyectos de interés singular.
Veamos:

Su objeto es ordenar y diseñar para su inmediata ejecución, o bien ejecutar,  sistemas generales, dotaciones  y equipamientos estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, sanitarias, deportivas o de otra naturaleza. Más amplio y genérico, imposible. Cabe todo, pueden servir tanto para un barrido como para un fregado.

Pueden aprobarse   en ejecución del planeamiento…o de forma autónoma.

Pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. Es decir, contra el destino y el uso del suelo establecido por las normas  de planeamiento. Con limitaciones, que ya las interpretarán al modo de la casa,  en los suelos de carácter ambiental y agrícola.

Las determinaciones del los Proyectos de Interés Singular prevalecerán sobre el planeamiento insular y municipal (artículo 127).

La aprobación del Proyecto de interés singular de iniciativa pública  llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación y la urgencia de la tramitación a efectos expropiatorios (artículo 131.3 del Proyecto de Ley).

No hay obstáculo alguno para que un Proyecto de interés singular de iniciativa pública tenga por objeto la ejecución de obras y la realización de actividades turísticas, industriales, energéticas… o de otra naturaleza, es decir completamente ajenas a las infraestructuras, equipamientos y servicios calificados en la legislación  urbanística  como  "sistemas generales". Ni, como la propia experiencia enseña, nada impide que  dichas iniciativas públicas sean sugeridas por algún personaje influyente  --eso sí, enfáticamente liberal--  para acabar haciendo un buen negocio al socaire del poder  o acabar revalorizando sus propiedades en los alrededores de esas actuaciones "singulares".

La expropiación forzosa es la intervención más agresiva del poder sobre el derecho de propiedad. Por eso, desde los tiempos de Las Partidas de Alfonso X "El Sabio", las garantías de la propiedad frente a su despojo fueron de los pocos límites prácticos ante  los abusos de la Corona.
Cuando hablo del derecho de propiedad estoy pensando en los pequeños propietarios, en los terrenos  y viviendas que pueden haber sido el fruto del trabajo de generaciones de una misma familia o del esfuerzo y el ahorro  de toda una vida de algún juan canario.

Parafraseando el maestro Enterría, en materia urbanistica la expropiación es un instrumento para obtener el suelo necesario para las infraestructuras básicas  del territorio determinadas por el planeamiento, que la legislación  urbanística  llama sistemas generales: comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, espacios libres y zonas verdes, equipamientos comunitarios, abastecimiento de aguas, energía, redes de saneamiento...

Pues bien, la expropiación forzosa sólo puede justificarse en una causa objetiva de utilidad pública o interés social.  Y esa causa, en materia urbanística, sólo puede objetivarse  a través  de las normas de planeamiento que son el resultado de un procedimiento de elaboración, cuya tramitación y garantías están precisamente pensadas para eso: para objetivar y asignar a cada porción de suelo el destino más acorde con el interés general.

Por eso la justificación de las  expropiaciones urbanísticas  reside  en las normas de planeamiento.

Aquí está el quid.

Clavijo, sus asesores de cabecera y los lobbys empresariales que patrocinan este asalto al poder legislativo de la Comunidad Autónoma, y por tanto a las Instituciones que deben representarnos a todos los canarios, pretenden que por una mera decisión discrecional del poder  (sea de los cabildos o del propio Gobierno)  se pueda privar forzosamente  a un propietario de sus derechos, prescindiendo de su primera y fundamental garantía: su vinculación a la declaración de utilidad pública o interés social definida por el planeamiento.

Para  eso, y para permitir al gobernante derogar a capricho y para un asunto concreto una norma de planeamiento (atacando directamente la seguridad jurídica y  desobedeciendo la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrados por la Constitución), es por lo que pretenden disfrazar a los Proyectos de Interés Singular de "instrumentos de ordenación". Es decir, disfrazarlos de normas de planeamiento.
Pero en realidad son sólo eso: meras decisiones discrecionales que acabarán descargando toda la fuerza del poder sobre  los derechos de los pequeños  propietarios, que son los que no tienen hilo directo con los gobernantes. Y al margen del planeamiento territorial y urbanístico, es decir al margen de la legalidad.

Porque los grandes propietarios y los que consideran el suelo una mera mercancía ya se  las arreglarán para resolver lo suyo.

¡Ay si este mecanismo lo pretendieran aprobar unos gobernantes de izquierdas!

Ya la derecha habría apostado frente el Parlamento, paraguas en mano, a muchas buenas gentes de esta tierra. Como cuando la Ley de Aguas.

Se acuerdan?

Con puntualidad veraniega, los fuegos se desatan. Las islas se han visto sacudidas por incendios muy graves en la última década. En 2007, un trabajador forestal despedido hizo que como venganza ardieran 20.000 hectáreas en Gran Canaria y, en 2012, se quemaron 4.100 en La Gomera, con el 25 % del Parque Nacional de Garajonay afectado, pero desde hace 32 años no había una muerte, como ha sucedido este año en La Palma.