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La Fiscalía condiciona la demolición del ´mamotreto´

La fiscal de la causa penal deja en manos de la jueza la decisión de tirar el edificio

laopinion.es/viernes, 30 de octubre de 2009.-Noé Ramón , Santa Cruz de Tenerife. La fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, ha condicionado que se vaya a derribar el edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto que se construye al inicio de la playa de Las Teresitas y de ja claro que esta decisión corresponde en exclusiva a la jueza Juana María Hernández, que tramita la causa penal.

Este derribo había sido acordado en sesión plenaria con los votos de la oposición y en contra del grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC). Ante ello, el abogado de la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en la causa penal conocida como caso mamotreto, Alfonso Delgado, presentó diversas alegaciones que pasaban por defender que este edificio se ha convertido en una pieza de convicción dentro del procedimiento y por lo tanto, su destrucción equivaldría a hacer lo propio con la posible prueba de un delito.

La fiscal ahora en parte le da la razón y, aunque no se opone abiertamente al derribo del edificio, sí impone ciertos condicionantes. Así, exige al Ayuntamiento que informe al juzgado de la fecha exacta de la demolición "por si se diera el caso de que interfiere en el procedimiento penal abierto y es necesario llevar a cabo alguna diligencia a raíz de la investigación en curso".

La fiscal también se dirige al Ayuntamiento informándole de la necesidad de que remita al Juzgado de Instrucción número dos un certificado del acuerdo adoptado en el pleno que era favorable al derribo del edificio "objeto de la investigación". Al respecto, la fiscal recuerda de la existencia de "un procedimiento penal" abierto por la posible ejecución de esta obra en terrenos del Gobierno de Canarias y de Costas sin contar con ningún tipo de autorización.

Roca. Ayer se produjo una nueva ronda de comparecencias dentro de la causal penal. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo fue la declaración del interventor de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Roca, quien no había sido citado correctamente por parte del juzgado. Este hecho dio lugar a que apareciera a mediodía en el Juzgado y permaneciera varias horas esperando en los pasillos. Finalmente, al durar más de tres horas la declaración de González se optó por posponer la de Roca para el próximo día 5 de noviembre.

Por otro lado, la defensa de la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Luz Reverón ha solicitado al Juzgado que se cite a declarar al concejal socialista, José Ángel Martín Bethencourt. La defensa adjunta la moción presentada por el concejal socialista, presentada y debatida el pasado 18 de septiembre en la que se proponía, y así fue aprobado, el derribo del mamotreto. La base de la solicitud de comparecencia es que en el texto de la citada moción, Martín afirmaba que: "Todos, tanto los que antes estaban en el gobierno y ahora en la oposición, como el propio PSOE y como no, el alcalde Miguel Zerolo, conocíamos de la ilegalidad de este desarrollo urbanístico. Lamentablemente no se dio marcha atrás, y a día de hoy ha producido la imputación penal de la responsable de Urbanismo de este gobierno municipal".

Según un comunicado hecho público ayer, Martín consideraba que "fueron muchas las advertencias hechas a la Gerencia de Urbanismo, tanto en el pleno como a través de los medios de comunicación, de que las obras no podían llevarse a cabo, básicamente porque invadían espacio público de dominio marítimo terrestre, que era un suelo que pertenecía a la Dirección General de Costas y que no existían convenio habilitante que permitiera ocupar este suelo público". Recuerda Martín que no solo él, sino otros dirigentes y cargos públicos del PSC y de otros partidos advirtieron de las posibles irregularidades.

El jefe de Costas declaró ayer

El director de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, declaró ayer como testigo dentro de la ronda de comparecencias por el conocido como caso mamotreto. Durante su declaración, el jefe de Costas respaldó en prácticamente todo las actuaciones de la Gerencia de Urbanismo. Así, señaló que las obras del edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto nunca llegó a invadir suelo propiedad del organismo estatal. Otro tanto ocurrió con la denuncia de que las obras del mamotreto y de rehabilitación de la playa de Las Teresitas no se podían haber iniciado mientras se estaba tramitando el deslinde. Al respecto, González dijo que el inicio de éstas era anterior, ya que databa del año 2004 y por lo tanto, no precisaban de licencia, puesto que el deslinde se comenzó a tramitar en el año 2006. El jefe de Costas, no obstante, admitió que nunca existió un acuerdo por escrito para trabajar en la zona de deslinde dado que el convenio para iniciar las actuaciones no se llegó a firmar. González restó importancia al hecho de que parte de los acopios de las obras invadían tanto la servidumbre de protección como la zona de dominio público terrestre. El jefe de Costas relató que, efectivamente, en su momento se apercibió al Ayuntamiento de que debía paralizar los trabajos, ya que de continuar éstos podría acabar invadiendo suelo de dominio público de Costas, pero dijo que este apercibimiento tenía tan sólo carácter de advertencia.

Las preguntas de la fiscal, Inmaculada Violán, durante las varias horas que duró la comparencia giraron precisamente casi sobre un único extremo: si las obras del edificio habían invadido el suelo propiedad de Costas y si contaba con licencia para ello. El jefe de la Demarcación de Costas subrayó en todo momento que nunca se llegó a firmar el convenio entre las administraciones canaria y la Dirección General de Costas para llevar a cabo los trabajos ya que meses antes el Tribunal Supremo (TS) emitió una sentencia que anulaba la operación de compraventa de los terrenos del frente de la playa. Por lo tanto, a partir de aquí, Costas desistió de sumarse a los trabajos ya iniciados por el Gobierno canario puesto que no se sabía a quién pertenecían los terrenos si al organismo estatal o a las administraciones canarias. La fiscal también se interesó en muchas ocasiones por si el proyecto del mamotreto contaba con proyecto, a lo que se ha respondido en otras ocasiones indicando que fue aprobado en pleno y en el Consejo de Gerencia.