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Zerolo baraja que el convenio lo hicieran los empresarios

Canarias 7 / 24 de enero de 2008.- Las casi cuatro horas que Miguel Zerolo estuvo declarando ante la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, y la fiscal anticorrupción, María Farnés, el 17 de abril de 2007 dieron para conocer que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife tenía más idea de la que a priori manifestaba sobre la operación urbanística del frente de playa de Las Teresitas.

Aspectos tan relevantes cómo quién redactó el texto del convenio de 18 de septiembre de 2001 entre el Ayuntamiento e Inversiones las Teresitas SL, que regula la compraventa del frente de playa, sobre el que la fiscal incidió en reiteradas preguntas, fueron finalmente respondidos por Zerolo con un «es posible que lo redactara un particular», dando a entender que pudieron ser los accionistas de Inversiones Las Teresitas, Ignacio González y Antonio Plasencia, en lugar de los técnicos municipales quienes amoldaron el convenio a sus intereses., aunque acto seguido apuntó que «no es probable».

Zerolo razonó ante la pregunta de la fiscal de sí «es posible que este convenio lo hicieran los particulares y usted se adecuara a él» que el convenio «priva a unos empresarios de construir en 11 parcelas y se les quita para que el Ayuntamiento recupere el frente marítimo». Acto seguido dice que él no sabe quien redacta el convenio, pero que «es posible que lo redactara un particular».

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife dijo en varias ocasiones no conocer más que «por los medios de comunicación» a Antonio Plasencia y por ser el presidente de la Cámara de Comercio a Ignacio González, sin embargo, reconoce a preguntas de la fiscal que mantuvo algún encuentro con ellos, en reuniones «que tuvieron para hablar de un tema político», pero «no recuerda», como le apunta María Farnés, si «pactaron la estipulación tercera» del convenio urbanístico. Ese apartado del convenio hace referencia a la sustitución del uso turístico extrahotelero del Valle de las Huertas, por el uso residencial de viviendas.

La fiscal también inquirió a Zerolo sobre su presencia en el consejo de administración de Cajacanarias que otorgó a Inversiones Las Teresitas SL el préstamo para comprar la playa y el Valle de Las Huertas, a lo que respondió que estaba de viaje en Nicaragua, y sobre por qué no se tuvo en cuenta la tasación que la arquitecta municipal sobre los terrenos del frente de playa y se tomó como base para la compra por parte del Ayuntamiento la que hizo la misma empresa que los tasó para la concesión del préstamo de Cajacanarias a Plasencia y González. Sólo dijo que la tasación de Pía Oramas no estaba incluida en el expediente.

Vaguedades. En sus respuestas, Zerolo rara vez concretó en algo más allá de un «manifiesta que no sabe» o «no recuerda». Sin embargo, cayó en numerosas contradicciones. A la falta de memoria sobre los detalles de la operación porque él «no tramita los expedientes», se contrapone la capacidad que tuvo a la hora de señalar exactamente qué parcelas eran de uso hoteleros y residencial antes y después de la compra o que el Ayuntamiento contrató a un abogado externo, al que sólo conocía porque «se lo presentaron», para llevar la operación de Las Teresitas, que sí «era un expediente muy importante, era una promesa electoral, tenía una gran trascendencia, estaba muy politizado». Pero reiteró en su declaración que «no sabía nada».