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Los papeles de Bellini

Canarias 7 / 25 de enero de 2008.- Artículo de opinión. Columna “La Arista”. Manuel Mederos / Las Palmas de Gran Canaria .- La desclasificación de una parte del sumario del ‘Caso Las Teresitas’ pone de manifiesto dos cuestiones: un clamoroso pelotazo empresarial y una tasación que se convierte en el eje de todo el asunto, al menos en la parte de la investigación que ahora se conoce y en el futuro de la solución del gran pleito.

Si algo aparece meridianamente claro en los papeles judiciales es que hubo pelotazo empresarial en distintas fases. Un pelotazo que comienza mucho antes de lo que recoge el sumario. Al leer las secuencias se advierte que alguien conocía perfectamente cómo derivaría la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 1988 sobre las modificaciones del PGOU de Santa Cruz de Tenerife en lo relativo a Las Teresitas. Se sabía que el fallo judicial consolidaba el plan que permitía la construcción de grandes hoteles en la orilla de la playa y anulaba las modificaciones municipales para hacerlas desaparecer. Da la impresión que ese alguien vendió o regaló el fallo judicial por anticipado en mayo de 1988 a algunos empresarios, que en pocos días amarraron un crédito de 5.500 millones de pesetas a través de un testaferro para adquirir a la Junta de Compensación la línea de playa. Cajacanarias traspasó todos los límites del riesgo, del amiguismo y de la prudencia bancaria. Tanta urgencia en la tramitación y aprobación del crédito a un testaferro no tenía otro motivo que adquirir un pleito en el Tribunal Supremo antes de que se conociese la resolución; un fallo que revalorizó la adquisición al consolidar la urbanización a pie de playa. Hay que pensar que si esa sentencia hubiese dado la razón al Ayuntamiento, los solares que compraron en primera línea valdrían muy poco.

La segunda parte del pelotazo tiene al Ayuntamiento como protagonista, pero poco avanza el Tribunal en la parte desclasificada, salvo en lo relativo los informes de los peritos independientes, que concluyen que la tasación utilizada para la compraventa municipal está mal hecha, algo que ya dijo el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso. La novedad: que el Ayuntamiento se pudo ahorrar mucho dinero, hasta 35 millones. Esta es la clave de la última ejecución de sentencia del Supremo que ordena una nueva tasación; pero también la clave de la valoración judicial del posible delito si lo hubiera, junto a otras pruebas que aún no conocen los imputados por estar sin desclasificar.