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Zerolo no aclaró por qué se obvió la tasación de la arquitecta municipal

La Opinión / 25 de enero de 2008.- V. P. / Santa Cruz. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, afirmó ante la juez del caso Las Teresitas, Carla Bellini, que la tasación del frente de playa realizada por la entonces arquitecta municipal Pía Oramas no estaba incluida en el expediente administrativo. Esta fue su única respuesta a la pregunta de la fiscal anticorrupción, María Farnés, sobre el por qué, si ésta era la tasación más económica para las arcas municipales, el Ayuntamiento no la tuvo finalmente en cuenta para fijar el precio de las once parcelas. Así consta en el sumario del llamado caso Las Teresitas, cuyo secreto ha sido levantado parcialmente esta semana por la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En su momento, Oramas valoró los terrenos en 19,3 millones de euros, frente a los 52,58 que pagó el Ayuntamiento, lo que supuso desembolsar 2,7 veces más de lo necesario, según la tesis de la Fiscalía. Precisamente la falta de una tasación objetiva e independiente, que fuera realizada por un arquitecto municipal, es lo que motivó que el pasado año el Tribunal Supremo anulara esta operación de compraventa, a raíz de un recurso de la Coordinadora Popular Ecologista El Rincón. Esta sentencia se ejecutará con una nueva valoración de las parcelas que será tutelada por el TSJC.

El alcalde, que en varias ocasiones manifestó desconocer o no recordar detalles del expediente administrativo, atribuyó toda la responsabilidad en la fijación del precio de las parcelas a la Gerencia de Urbanismo, al frente de la cual estaba entonces el concejal Manuel Parejo, otro de los imputados, y en la actualidad adjunto a la alcaldía. Preguntado por la fiscal por qué el Ayuntamiento recurrió a empresas externas para valorar esos terrenos, el primer edil explicó que el expediente "viene de la Gerencia ultimado, y lo lleva al pleno para que se apruebe", si bien reconoce que Urbanismo disponía de "varios arquitectos". El mandatario santacrucero, quien prestó declaración ante la juez el 17 de abril de 2007, fue interrogado también sobre quién redactó el convenio suscrito en 2001 entre el Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las Teresitas. "Es posible que lo redactara un particular, aunque no es probable", fue la respuesta ambigua del regidor municipal, quien recordó que este documento "priva a unos empresarios de construir en once parcelas y se les quita para que el Ayuntamiento recupere el frente marítimo". Sobre su ausencia de la reunión del consejo de adminstración de CajaCanarias que aprobó el polémico crédito de 5.600 millones de pesetas a Antonio Plasencia y Felipe Manuel Armas (este último, también imputado, resultó ser empleado de una empresa de Ignacio González), Zerolo contestó ante el TSJC que no asistió porque se hallaba de viaje en el extranjero, concretamente en Nicaragua.

Sobre los empresarios tinerfeños con los que el Ayuntamiento acordó la compraventa -y que propició unas plusvalías de al menos 108 millones de euros, según la fiscal-, Zerolo dijo que conoce a Antonio Plasencia sólo "por los medios de comunicación", y en el caso de Ignacio González Martín, por su condición de presidente de la Cámara de Comercio provincial.

No obstante, admite que se reunió en alguna ocasión con ellos, "para hablar de un tema político", aunque afirmó no recordar si pactaron la cláusula tercera del convenio, la que se refiere al cambio de uso del Valle de Las Huertas de extrahotelero a residencial. Por este valle -donde cerca de un centenar de vecinos reclama la titularidad de 32 parcelas y denuncia que sus terrenos los vendió sin su consentimiento la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresistas- los citados empresarios percibieron de Mapfre más de 96 millones de euros.