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Un nuevo peritaje encargado por el TSJC fijó en 15 millones el precio del frente de playa

Diario de Avisos / 29 de enero de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. Un informe pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a petición de la Fiscal Anticorrupción, María Farnés, fija en 15 millones de euros el precio de las once parcelas del frente de Las Teresitas, caso de haber sido expropiadas. Se trata de una cantidad muy inferior a los 52,6 millones que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó en el año 2001 por estos terrenos a la entodad Inversiones Las Teresitas, SL.

Este es uno de los documentos que han podido ser conocidos tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Las Teresitas, en el que están imputadas doce personas, entre ellas el alcalde de la capital, Miguel Zerolo; el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y otros encausados, entre empresarios, ex concejales y funcionarios del Ayuntamiento capitalino.

El informe, realizado por los arquitectos Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, detalla textualmente que "el valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa con arreglo a su concreta situación urbanística y a la legislación aplicable en el momento de la compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas, es de 15.245.922,83 euros para la línea de dominio público marítimo terrestre aprobada el 13 de mayo de 2001, y de 11.213.170 euros para el caso que se confirme y se apruebe definitivamente la delimitación provisional de la línea probable de deslinde conforme a la ley de costas de 1988". Los peritos entregaron su informe a finales de diciembre pasado, y el 14 de enero ratificaron sus conclusiones en su declaración ante la juez que instruye el caso, Carla Bellini.

Ambos peritos llaman la atención sobre el hecho de que ninguna de las dos valoraciones estimadas por el Ayuntamiento para el precio final (elaboradas por las entidades Tinsa y Sociedad de Tasación) tuvo en cuenta la normativa canaria, que imponía una moratoria turística que desde 2001 impide, de forma genérica, construir hoteles y apartamentos, ni la Ley de Costas de 1988. Frente al valor estimado por los dos peritos designados por el TSJC para el caso Las Teresitas, entre 11,2 y 15,2 millones de euros, cabe destacar el precio establecido por Tinsa (63,41 millones) y la Sociedad de Tasación (46,81 millones).

"Ninguna de las dos hace ninguna tasación acorde con la legislación aplicable en ese momento", manifestaron ante la juez los peritos, quienes reiteraron que "la verdadera incidencia [sobre el precio] está en la Ley de Costas y en la Ley del Turismo [Ley de Directrices] que afecta a los aprovechamientos" urbanísticos. "No se puede tasar de acuerdo con algo que no es real, que fue lo que hicieron", enfatizaron los dos expertos en referencia a Tinsa y Sociedad de Tasación.

Una de las conclusiones más llamativas de la declaración de estos expertos propuestos por la Fiscalía es que "más de la mitad" de la superficie de las once parcelas del Ayuntamiento "resultan no edificables" por estar situadas dentro del dominio público marítimo terrestre y por su servidumbre de protección. A su juicio, en la tramitación de esta operación urbanística "se ha obviado la delimitación de la línea marítimo-terrestre tanto en el Plan Parcial como en la documentación que se envía a los distntos organismos, entre ellos, el propio Tribunal Supremo". Para Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, el traslado de aprovechamientos del frente de playa al Valle de las Huertas concedido a Inversiones Las Teresitas no resulta un factor "clave", sino la normativa de la moratoria turística, porque "limitan el aprovechamiento y sin embargo con el uso residencial no se tienen esas limitaciones". Al menos "en seis años no se hubiera podido construir nada turístico, porque según la legislación no hubiera podido hacer ningún plan nuevo, ni de remodelación", estiman los arquitectos.

En enero del pasado año, este diario publicó una información, basada en fuentes del Gobierno canario que participaron en la elaboración de la Ley de las Directrices, en la que aseguraban que desde el 16 de enero 2001, cuando el Ayuntamiento compró la playa, sus anteriores dueños hubieran tenido poco margen para construir establecimientos turísticos, pues en esa fecha entró en vigor el primer decreto de la moratoria dictada por el Parlamento canario.