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La Asociación de Opositores y Profesores de Canarias exigen al Gobierno que cumpla la ley

La asociación OPCAN, que representa a un amplio colectivo de opositores y profesores que aprobaron las últimas oposiciones solicita a la Consejería de Educación que inicie, de inmediato, la reforma del decreto 74/2010 que regula las listas de empleo público en Canarias.

Afirman que la injusticia sufrida de estos opositores y docentes aprobados sin plaza en la última OPE de Secundaria y Formación Profesional, les llevó a manifestarse en contra de una ley autonómica que blindó las listas de empleo docente, relegando a aquellos que habían superado todas las pruebas a la cola de las mismas, debido a una disposición transitoria en la anterior Ley de presupuestos, promovida por los sindicatos, apoyada por el Gobierno y aprobada en el Parlamento.

Esta lucha se ve parcialmente recompensada por la publicación, el pasado mes, de una resolución de la Consejería de Educación que coloca a los aprobados de la oposición a continuación del último integrante que haya trabajado hasta 31/12/2018 en centros públicos canarios, dando cumplimiento a la actual Ley de los presupuestos que entró en vigor el uno de enero del presente año.

La Asociación indica que a pesar del avance que esta medida ha supuesto y que ha permitido que muchos docentes aprobados sin plaza 2018 estén siendo llamados a trabajar, consideran que todavía hay un elevado número de docentes que habiendo aprobado la oposición no tienen opción de poder cubrir una de las miles de vacantes temporales en la enseñanza pública canaria, ya que, esta recolocación ordena en primer orden y, por tanto, sigue blindando a los trabajadores, con independencia del tiempo que haya trabajado, un día, un mes o un año e incluso sin tener en cuenta si previamente ha aprobado o no una oposición.

Ante esto, el colectivo recuerda las palabras del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en la reunión mantenida días antes de que se publicara esta resolución, donde opinó que consideraba que “igual que para conducir se necesita aprobar el carné de conducir pues para ser docente sería lógico aprobar una oposición”.

La asociación Opositores y Profesores de Canarias advierte que la suspensión de este Decreto supone contravenir el ordenamiento jurídico estatal así como el mandamiento constitucional para el acceso a la función pública. Por ello, exige al Gobierno que establezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación, en pleno derecho, a los aprobados de la oposición (sin plaza) en la adjudicación de destinos del próximo curso escolar 2019/20 en primer orden de prelación, si lo que se pretende es mantener las listas de empleo “intocables” pero reconociendo a los aprobados o, en su defecto, a continuación del último integrante de la lista de interinidades y sustituciones que haya prestado servicios hasta 31/12/2018 y que venga ejerciendo desde aquel momento tenga como resultado que haya superado el límite de temporalidad (Estatuto Básico del Empleado Público), aceptando así que prevalezca la antigüedad sobre la capacidad en aquellos trabajadores con un mínimo de tres años de servicios, ya que, es ilegal que un trabajador que no lleve ese tiempo de adquiera “derechos” de permanencia sobre una vacante temporal, y en caso de disconformidad o disparidad de criterios, se deberá optar por someter las listas de empleo público docente a ordenación conforme al mérito y capacidad por imperativo constitucional.

El colectivo continuará con las actuaciones necesarias para que el nuevo Decreto de listas de empleo público, que ha de estar confeccionado antes del próximo curso, atienda a todas las realidades pero garantizando siempre el acceso igualitario a la función pública y respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por lo que, se incluirá en el mismo la valoración de la nota más alta de entre los últimos tres procesos selectivos.

Al respecto señalan que el anuncio de la retirada de la política del principal valedor en Canarias del Decreto 74/2010, José Manuel Ruano, quien afirmó en una entrevista realizada, que “las Autoridades
del Estado han de tener cuidado con transitar vías que pudieran estar fuera o en contra de la Constitución”, lo cual coincide con la principal reivindicación de la Asociación OPCAN. Este político, portavoz de PNC-CC en la Cámara regional se retira después de una dilatada trayectoria al término de esta legislatura, habiendo mostrado firmeza para avanzar hacia la igualdad en el acceso a la función pública, apostando por un nuevo decreto de ordenación de listas de empleo docente para Canarias antes del inicio del curso escolar 2019-2020. Ante lo cual es ahora el Gobierno quien debe actuar con la misma decisión y firmeza de este reconocido diputado que en su época como consejero del ejecutivo, apostó por un decreto regulador que posicionaba a Canarias a la cabeza de las Comunidades Autónomas en la configuración de unas listas de empleo que respetaban los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ratificado esto por el Tribunal Supremo que incluso falló en contra de los sindicatos canarios ante su intento de anularlo.

Respecto al problema de la estabilidad de los interinos, la asociación afirma que no se oponen a que se busquen los mecanismos oportunos para dar lugar a este fin pero sin vulnerar un derecho fundamental de cualquier ciudadano como es el acceso igualitario a la función pública. Señalar lo que vienen afirmando algunos de los sindicatos más representativos a nivel nacional, la alta tasa de interinidad es un problema de todo el Estado español, lo cual debe gestionarse de manera adecuada. De hecho, el Tribunal supremo desestimó que los funcionarios interinos pudieran tener condición de indefinidos por llevar varios años de contrato. La asociación OPCAN opina que los sindicatos canarios, debido con la representación que ostentan, deben ser responsables en sus propuestas e informaciones, así como defender sus intereses respetando la constitución. De hecho, su propia Ley sindical se los impone y, además, son conocedores de que existe jurisprudencia en cuanto a que a que supone una FLAGRANTE vulneración sustituir los principios de igualdad, mérito y capacidad por la antigüedad.

Por último, el colectivo OPCAN señala que están la espera de que la Consejera de educación, Soledad Monzón, responda a la petición del Diputado del Común, Rafael Yanes, para mantener una reunión con todas las partes que permita agilizar los trámites necesarios que restituya definitivamente los derechos de los aprobados de la oposición (sin plaza), ya que, como alto comisionado y defensor de los ciudadanos canarios opina que no es suficiente las medidas adoptadas, ya que, los aprobados deben situarse en el lugar que les corresponde, por lo que, la Administración canaria debe valorar y premiar el esfuerzo de aquellos quienes han demostrado capacidad superando una oposición, entre más de once mil personas. Desde la asociación recuerdan que el espíritu de la Ley 7/2018 es que los Aprobados de la Oposición RESULTEN SER LLAMADOS A TRABAJAR, lo cual no puede olvidarse.