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CCOO denuncia en el Parlamento que las patronales de ambulancias podrían usar la huelga en beneficio de sus propios intereses

  • Published in Sanidad

El sindicato compareció en la comisión parlamentaria de Sanidad

El coordinador de las negociaciones del convenio de ambulancias de Canarias por parte de la Federación de Servicios a la Ciudanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, advirtió este martes a la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que las patronales del sector podrían utilizar la convocatoria de una huelga como instrumento para forzar al Gobierno en el concurso de ambulancias de Canarias que debe convocarse próximamente.

Moreno afirmó que “sospecha” que “la patronal podría utilizar una posible huelga para resolver sus propios intereses. Y a nosotros no nos gusta que se nos utilice”. A su juicio, “una de una manera y otras de otra, las dos patronales que están sentadas en la negociación quieren que nosotros hagamos el trabajo sucio. Pero si el sector decide hacer una movilización, será fruto de las decisiones de los trabajadores del sector, no de los empresarios”.

Moreno indicó que de esta manera, las patronales ARCEA y ACEA vienen “secuestrando” las negociaciones del III Convenio de transporte de enfermos y accidentados de Canarias desde hace más de un año “con dilaciones injustificadas”. Precisamente esta dilación ha causado que el próximo jueves las partes hayan sido citadas por el Tribunal Laboral Canario para tratar de desbloquear las negociaciones. Como ya anunció el sindicato el pasado mes de octubre, este es el paso previo y preceptivo a la presentación de un preaviso de huelga en el sector.

Según el sindicato, las asociaciones patronales ACEA (que representa mayoritariamente los intereses de la empresa Tasisa que ofrece servicios a Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, Gomera y Tenerife) y ARCEA (que representa mayoritariamente los intereses de la empresa Aeromédica, que opera en Gran Canaria y Tenerife) vienen bloqueando este convenio con el argumento de la incertidumbre económica de que el Gobierno canario no haya publicado los pliegos para la renovación de los concursos de prestación del servicio. Como se recordará, el Gobierno canario prorrogó las concesiones vigentes ante el cambio en la Consejería de Sanidad, cuando el actual consejero José Manuel Baltar, asumió el cargo hace nueve meses. Si bien los pliegos deberían haberse publicado antes del verano, los mismos siguen sin ver la luz.

La FSC-CCOO, que representa a más del 85% de los trabajadores del sector, acudió a la comisión parlamentaria invitada por el grupo socialista y tuvo la oportunidad de exponer sus puntos de vista ante el propio Baltar, que había comparecido anteriormente. El sindicato entregó a los parlamentarios un exhaustivo informe en el que se da cuenta de los pormenores de la negociación, así como de los múltiples incumplimientos del convenio colectivo vigente y de las distintas y numerosas irregularidades detectadas en la prestación del servicio.

Moreno expuso que los salarios y las condiciones laborales del sector fueron congelados y reducidos durante los años 2014 y 2015, apreciándose una ligera subida en el 2016. Las patronales ofertan para el presente ejercicio y para el siguiente subidas salariales que Moreno calificó de “claramente insuficientes y tramposas”, en la medida de que muchas de ellas están vinculadas a pérdidas de derechos laborales adquiridos. Para Moreno, “los trabajadores se han sacrificado durante la crisis para que el servicio se pudiera seguir prestando, ya es hora de que comiencen a recibir aquello que han perdido”.

Asimismo, Moreno fue muy severo con la forma en la que las empresas concesionarias incumplen el convenio colectivo, dándose el caso de una empresa como Tasisa, que solo cumple el convenio en la isla de Tenerife mientras que lo desprecia en las demás islas.
Entre las irregularidades, Moreno destacó que la empresa García Tacoronte siga prestando servicios en La Palma cuando ya hay una sentencia que demuestra que ganó el concurso sin tener avales para ello. O el hecho de que sean las propias empresas, y no la Consejería de Sanidad, la que realice las inspecciones sobre la prestación del servicio.

El sindicato recuerda que este no es un debate “exclusivamente salarial”, pues también están encima de la mesa asuntos como la cualificación profesional de los trabajadores, su reconocimiento como técnicos en emergencias sanitarias, la efectividad de las jubilaciones anticipadas para unos profesionales que sufren sobrecarga músculo-esquelética y alta carga emocional, o el uso de los contratos en prueba “para la finalidad que han sido establecidos y no como una forma de incorporar mano de obra barata”.

Particularmente, Moreno recordó que el transporte de enfermos y accidentados es “un servicio público esencial para los ciudadanos que ha de prestarse con garantías suficientes”. Sin embargo, afirma, no se está teniendo en cuenta factores como el fuerte aumento de la visita de turistas a las islas “lo cual hace que el ratio de habitantes por ambulancia haya crecido alarmantemente hasta el punto de dificultar la prestación del servicio”.